El gobierno español tiene previsto emprender un nuevo recorte en materia de dependencia que, entre 2013 y 2014, llegará a los 2.864 millones de euros. Así queda reflejado en el Plan presupuestario bienal para 2013 y 2014 aprobado en el último Consejo de Ministros y que el gobierno español ha remitido a la Comisión Europea. El documento recoge las medidas que permitirán intentar cumplir con los compromisos de consolidación fiscal y reducción del déficit público del conjunto de las administraciones.
Las medidas de racionalización del sistema de Dependencia incluidas en un real decreto y presentadas por el Ejecutivo español a la Comisión Europea persiguen, según se explica en el documento, "tres objetivos prioritarios". El primero de ellos es "garantizar la sostenibilidad del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia". El segundo consiste en "corregir el desfase entre las previsiones iniciales y los datos actuales de la Dependencia", y para ello el gobierno llevará a cabo una simplificación y ordenación del sistema que incluirá la modificación de la estructura de grados y niveles, y la adecuación de las prestaciones y servicios en esta nueva estructura. El tercero de los objetivos consiste, según el documento remitido a la Comisión Europea, a implantar las medidas que generan ahorro inmediato en el gasto en Dependencia de las administraciones públicas.
Para la consecución de estos objetivos., Madrid prevé un recorte de 1.391 millones en 2013 y 1.473.000 en 2014. Así, se llevará a cabo, según explica el Ejecutivo, una "modificación y simplificación" en el proceso de valoración de las situaciones de dependencia, medida que supondrá un ahorro de 54 millones en 2013 y de 72 millones en 2014. Además, se modificará la normativa relativa a la determinación de la capacidad económica y la aportación del beneficiario al coste de los servicios, con recorte de 339 millones en 2013 y de 403 un año después. Esta medida supondrá incrementar gradualmente la aportación del beneficiario desde el diez por ciento actual hasta situarse alrededor del quince por ciento.
También se anulará la obligación de la Administración General del Estado de cotizar a la Seguridad Social para las personas no profesionales que cuidan de personas en situación de dependencia en el entorno familiar con una ahorro de 330 millones cada año. Para alcanzar la cifra de 2.864 millones de euros de recorte, el gobierno español también reducirá las cuantías máximas de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar con un recorte de 289 millones cada ejercicio, así como las cuantías del nivel mínimo, que ahorrarán 283 millones cada año.
Asimismo, se llevará a cabo una disminución de las intensidades de los servicios, "ajustándose a la realidad de la atención que se presta". Finalmente, el Ejecutivo aplazará o suspenderá el devengo de cantidades hasta la percepción efectiva de la prestación económica que corresponda a cada beneficiario, con el que pretende ahorrar 96 millones en 2013 y el mismo número en 2014. Esta última medida junto con la reducción del quince por ciento de la prestación económica para cuidadores familiares ya se han aplicado este año, con el consiguiente ajuste de 160 millones de euros.
Las medidas de racionalización del sistema de Dependencia incluidas en un real decreto y presentadas por el Ejecutivo español a la Comisión Europea persiguen, según se explica en el documento, "tres objetivos prioritarios". El primero de ellos es "garantizar la sostenibilidad del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia". El segundo consiste en "corregir el desfase entre las previsiones iniciales y los datos actuales de la Dependencia", y para ello el gobierno llevará a cabo una simplificación y ordenación del sistema que incluirá la modificación de la estructura de grados y niveles, y la adecuación de las prestaciones y servicios en esta nueva estructura. El tercero de los objetivos consiste, según el documento remitido a la Comisión Europea, a implantar las medidas que generan ahorro inmediato en el gasto en Dependencia de las administraciones públicas.
Para la consecución de estos objetivos., Madrid prevé un recorte de 1.391 millones en 2013 y 1.473.000 en 2014. Así, se llevará a cabo, según explica el Ejecutivo, una "modificación y simplificación" en el proceso de valoración de las situaciones de dependencia, medida que supondrá un ahorro de 54 millones en 2013 y de 72 millones en 2014. Además, se modificará la normativa relativa a la determinación de la capacidad económica y la aportación del beneficiario al coste de los servicios, con recorte de 339 millones en 2013 y de 403 un año después. Esta medida supondrá incrementar gradualmente la aportación del beneficiario desde el diez por ciento actual hasta situarse alrededor del quince por ciento.
También se anulará la obligación de la Administración General del Estado de cotizar a la Seguridad Social para las personas no profesionales que cuidan de personas en situación de dependencia en el entorno familiar con una ahorro de 330 millones cada año. Para alcanzar la cifra de 2.864 millones de euros de recorte, el gobierno español también reducirá las cuantías máximas de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar con un recorte de 289 millones cada ejercicio, así como las cuantías del nivel mínimo, que ahorrarán 283 millones cada año.
Asimismo, se llevará a cabo una disminución de las intensidades de los servicios, "ajustándose a la realidad de la atención que se presta". Finalmente, el Ejecutivo aplazará o suspenderá el devengo de cantidades hasta la percepción efectiva de la prestación económica que corresponda a cada beneficiario, con el que pretende ahorrar 96 millones en 2013 y el mismo número en 2014. Esta última medida junto con la reducción del quince por ciento de la prestación económica para cuidadores familiares ya se han aplicado este año, con el consiguiente ajuste de 160 millones de euros.
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